¿Están preparados nuestros mayores para defenderse frente a las ventas indiscriminadas que se realizan a domicilio?

No es extraño escuchar que algún conocido ha sido víctima de una o en ocasiones, las más, varias ventas fraudulentas o abusivas en su propio domicilio. El procedimiento seguido por los comerciales es sencillo, una vez captado el cliente, en este caso una persona de avanzada edad, llaman insistentemente hasta conseguir una cita o bien acuden a su domicilio sin haberla acordado.

Una vez en el domicilio dedican un tiempo a ganarse la confianza de la persona, le recomiendan y venden las bondades de una serie de productos, que en la mayoría de los casos resultan innecesarios para ellos e incluso desconocidos, para después acordar la venta de este u otros productos acompañado siempre de unos bondadosos regalos y como no, de la correspondiente financiación.

Nuestros mayores, en la mayoría de los casos, no son conscientes de las consecuencias de la contratación que están llevando a cabo, llevados por el halo de bondad del comercial y confiando ciegamente en esa persona que acude habitualmente a su domicilio, les dedican un tiempo, en ocasiones elevado, se prestan a firmar documentos sin haber obtenido un conocimiento previo del producto que están contratando, de sus características, del precio completo del mismo, en muchas ocasiones sin obtener copia contrato que están suscribiendo y menos aún de las posibilidades que les otorga la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para proceder al desistimiento o en su caso resolución o nulidad de esta compra.

En la práctica habitual, según advierten las asociaciones de consumidores, los comerciales o empresarios omiten hacer mención alguna al derecho de desistimiento de la compra que asiste a todo consumidor y usuario.

Este derecho de desistimiento se encuentra regulado en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, estableciendo la facultad que tiene el consumidor de dejar sin efecto el contrato celebrado, por medio de notificación a la parte vendedora, sin necesidad de justificación alguna y sin la imposición de penalizaciones de ninguna clase.

Determinando expresamente el texto legal, que toda cláusula que imponga penalizaciones será considerada nula de pleno derecho.

Es obligación legal del vendedor informar por escrito al consumidor, en el propio documento de venta, de una manera clara, comprensible y precisa, sobre la existencia de este derecho de desistimiento de la venta, de sus requisitos y consecuencias. Debiendo entregarle el “documento de desistimiento”.

Si el empresario es diligente e informa de este derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio es mínimo de 14 días naturales desde la recepción de los productos objeto del contrato.

Sin embargo, si el empresario no cumple con este deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio finalizará 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial. Es decir, 14 días y 12 meses, desde la recepción del producto.

Las consecuencias del ejercicio de este derecho se basan en la devolución recíproca de las prestaciones, consistente en la devolución de las cantidades entregadas y en la devolución del bien objeto del contrato.

Para el caso en que la venta del producto o del servicio haya sido complementada por una financiación mediante la concesión de un crédito, ya sea por el empresario o por un tercero, el ejercicio del citado derecho de desistimiento implicará la resolución del contrato de crédito sin penalización alguna para el usuario o consumidor.

¿Pierdo mis derechos si transcurre el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento?

La Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios establece una vía adicional por medio de la cual reclamar la nulidad del contrato o bien su resolución. Será posible el ejercicio de estas acciones cuando conste que el empresario no ha cumplido con los deberes que le impone la citada norma de Defensa de los Consumidores y Usuarios, o bien, cuando el documento de contratación presente cláusulas que puedan ser consideradas como abusivas, tales como cláusulas que limiten los derechos básicos del consumidor o usuario, debiendo de esta forma acudir a los Tribunales para su reclamación.

Marta Alonso Méndez.

-Abogada-