La usurpación tal y como viene definida actualmente y desde el año 2010 en el Código Penal (art. 245.2), consiste en la “ocupación, sin autorización debida, de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o el mantenimiento en los mismos contra la voluntad de su titular”,

Los conocidos “okupas”, ocupación de viviendas sin autorización, ha aumentado en los últimos años. La difícil situación económica por la que pasan algunas familias unido a la gran cantidad de viviendas vacías que existen, ha hecho que las ocupaciones ilegales se hayan incrementado exponencialmente.

El artículo 245 del Código Penal, comprende dos conductas típicas:

“ 1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.”

Para esta última modalidad de ocupación de inmuebles, se vienen exigiendo los elementos siguientes:

a)  Que la ocupación se efectúe sin violencia o intimidación.

b)  Que el inmueble, vivienda o edificio ocupado no constituya morada de otra persona.

c)  Que quien ocupe la vivienda carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión, pues en el caso de que inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque sea temporalmente, el titular de la vivienda o edificio deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión (precario o comodato).

d)  Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio «contra la voluntad de su titular«, que en tal caso deberá ser expresa.

e) Que concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización o de la manifestación de la oposición del titular del edificio.

La jurisprudencia entiende que solo son punibles las ocupaciones en las que concurre una intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con cierta vocación de permanencia en la vivienda ocupada y privación total del ejercicio de los derechos por su titular excluyéndose los supuestos de fincas deshabitadas, ruinosas o en mal estado al entenderse que no hay una perturbación de los derechos posesorios de sus titulares que justifique la intervención del derecho penal e igualmente se excluyen las ocupaciones temporales, transitorias u ocasionales como pueden ser las meras entradas para dormir o carentes de vocación de permanencia alguna.

Lo cierto, es que a día de hoy hay verdaderos profesionales y expertos de la ocupación y conocen todos los mecanismos para retrasar al máximo su salida del inmueble, por lo que debes tener claro que la recuperación de la posesión del inmueble es un proceso lento y por lo tanto se debe denunciar la usurpación en cuanto se tiene constancia de la misma.

Uno de los beneficios que proporciona la vía penal es que al ser un delito leve, el juez instructor se ocupa de la instrucción y del juicio, lo que acorta los plazos y hace que puedas conseguir el desalojo del inmueble en un plazo relativamente menor al de un procedimiento civil e igualmente la identificación de los ocupantes se realiza por medio de la policía.

En el caso de dictarse sentencia condenatoria por usurpación de bien inmueble, esta fijará, como una de las consecuencias de la condena: el desalojo de los ocupantes. En el supuesto de que los ocupantes condenados abandonaran por su propia voluntad la vivienda ocupada, será el mismo Juzgado que ha dictado la sentencia el que instará el desahucio de los ocupantes de la vivienda por la vía de ejecución.

Sin embargo uno de los graves problemas que surgen en el procedimiento penal una vez se dicta Sentencia condenatoria contra el ocupante de la vivienda, es que si el ocupante ya no está y es otro ocupante distinto el que ocupa el inmueble, nos encontramos ante la situación de que no tenemos ninguna orden legal que permita el desalojo de los nuevos ocupantes.

Como conclusión podemos afirmar que la ocupación de una vivienda es una experiencia de lo más desagradable para cualquier propietario, por eso es fundamental poner una denuncia de forma urgente y recurrir a la vía judicial para conseguir recuperar la posesión de la vivienda, y evitar además con ello posibles responsabilidades que como propietarios de la viviendas pudiésemos tener ante cualquier actuación  o daños de los “okupas” en el inmueble.

Jorge Méndez Llorente

Abogado