A los Administradores de una sociedad les corresponde la gestión y la representación de la misma en los términos fijados en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, siendo que en el ejercicio de sus funciones tienen que actuar con la diligencia que la ley les exige y cumpliendo con todos los deberes inherentes a su cargo, como es, entre otros, el deber de lealtad.

Asimismo, el ejercicio del cargo de administrador conlleva que los mismos tengan que responder de los daños y perjuicios que puedan derivarse de sus actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo sus deberes, en los casos en los que concurra culpa o dolo, tanto de cara a la propia sociedad como de cara a los socios de la misma, así como ante los acreedores sociales y terceros, responsabilidad  regulada en el artículo 236 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

En este artículo nos vamos a centrar en la responsabilidad de los Administradores ante la propia sociedad  y en las acciones que la misma tiene frente a sus Administradores por los daños que le hayan ocasionado en el ejercicio negligente de su cargo.

En primer lugar, señalar que todos los Administradores que hubieran tomado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo que puedan probar que no intervinieron en su adopción y ejecución, que lo desconocían, o que conociéndolo se opusieron a ello, planteándose la duda sobre si la mera abstención en la votación del Consejo surte efectos de exoneración de responsabilidad,  o intentaron evitar el daño o que hubiese sido autorizado o ratificado por la Junta General.

Se trata de una acción que tiene la propia sociedad para defender su patrimonio ante los daños y perjuicios causados por los Administradores por su actuación negligente, ya sea por ser contraria a la ley o los estatutos,  o por no actuar con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad exigida por ley, siempre y cuando concurra culpa o dolo y exista un nexo causal entre el daño ocasionado a la sociedad y la actuación de los Administradores.

La acción social puede ser ejercitada por la propia sociedad. Para ello es  necesario el acuerdo previo de la Junta General, pudiendo ser solicitado el mismo por cualquier socio, incluso aunque no estuviera en el orden del día y no pudiéndose establecer en los estatutos una mayoría distinta a la ordinaria para la adopción del mismo

En cualquier momento la Junta podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción, salvo que se opusieran socios que representen el 5% del capital social.

Asimismo, se debe tener presente que el acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los Administradores afectados y que el mero hecho de aprobar las cuentas anuales no es impeditivo para el ejercicio de la acción de responsabilidad, ni supondrá la renuncia a la acción acordada o ejercitada.

Ahora bien, hay otros colectivos que podrían ejercitar la acción en determinados casos.

Así, si los Administradores no convocaran la Junta solicitada para la adopción del acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad, o si la sociedad no entablara dicha acción en el plazo de un mes desde su acuerdo, o cuando el acuerdo adoptado fuera el de la no exigencia de responsabilidad, el socio o socios que posean individuamente o conjuntamente,  una participación que les permita solicitar la convocatoria de la Junta (esto es, que represente el 5% del capital social) podrán entablar la acción social de responsabilidad en defensa del interés social.

Asimismo, los socios antes indicados podrán, de forma directa y sin necesidad de someter la decisión a la junta, ejercitar la acción social de responsabilidad cuando se fundamente la misma en la vulneración del deber de lealtad.

En este caso, el ejercicio de la acción de los socios no conllevaría la destitución de los Administradores afectados.

Por último, también los acreedores, de formar subsidiaria, podrán ejercitar la acción social de responsabilidad, siempre y cuando la misma no haya sido ejercitada por la sociedad o por sus socios, y el patrimonio social no sea suficiente para la satisfacción de sus créditos.

Debemos enfatizar el hecho de que aunque quien ejercite la acción sea los socios o los acreedores, la reclamación será en beneficio de la sociedad, siendo que si la acción prospera será a la sociedad a la que se indemnizará y no a ellos.

Para finalizar señalar que el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción social de responsabilidad es de 4 años, tomando como inicio del cómputo el  momento en que la misma hubiera podido ejercitarse.

Verónica Ávila Díez

Abogada.